Estudiamos sus actividades, régimen, operaciones y documentación para construir alternativas de cumplimiento, planeación y defensa. Cada recomendación debe tener sustento legal, propósito económico y una forma viable de llevarse a la práctica.
Podemos acompañarle al evaluar una operación, revisar su carga tributaria o responder a una actuación de la autoridad. La estrategia parte de los hechos y de las fechas que constan en su expediente.
Es el análisis de cómo las disposiciones tributarias se aplican a su actividad cotidiana y a sus decisiones. Revisamos obligaciones, interpretación de normas, facturación y documentación, y explicamos las alternativas con sus requisitos, costos y riesgos.
Identificamos la autoridad, el acto notificado y el plazo aplicable; distinguimos una invitación, un requerimiento y un acto de fiscalización. Integramos la evidencia, preparamos la respuesta y damos seguimiento a su presentación y acuses.
Evaluamos créditos fiscales, multas, negativas de devolución y otros actos que afecten sus derechos. Diseñamos la defensa administrativa o jurisdiccional procedente, incluyendo recurso de revocación, juicio contencioso administrativo y amparo cuando se cumplen sus requisitos.
Estudiamos la situación de la persona o empresa, su régimen, ingresos, residencia y operaciones proyectadas. Comparamos escenarios de ISR, IVA y otras contribuciones aplicables para conocer el efecto fiscal y financiero antes de decidir.
Revisamos deducciones, acreditamientos, estímulos y opciones legales que realmente correspondan al contribuyente. Evaluamos oportunidades de optimización o diferimiento permitido, documentando razón de negocios, requisitos, permanencia y riesgos. Las estrategias se apoyan en operaciones reales y evidencia verificable.
Revisamos el origen del saldo, las declaraciones y su soporte contable y documental. Integramos el expediente, atendemos requerimientos y analizamos una eventual negativa; la procedencia depende de la ley y de la evidencia de cada solicitud.
Acompañamos visitas, revisiones de gabinete o electrónicas desde la identificación del alcance hasta las observaciones. Cuando se cumplen los supuestos legales, evaluamos acuerdos conclusivos ante PRODECON como vía de solución consensuada durante la fiscalización.
Examinamos pagos al exterior, residencia, retenciones, tratados y operaciones entre partes relacionadas cuando resultan aplicables. Coordinamos la revisión jurídica, contable y económica para documentar la sustancia y evitar decisiones basadas solo en una tasa de impuesto.
La elección depende del acto, autoridad, notificación, pruebas y etapa del asunto. Seleccione una vía para conocer su función.
Vía administrativa para impugnar los actos fiscales federales previstos en el CFF. Se estudian procedencia, agravios, pruebas y relación con otras vías.
CFF · arts. 116–133Permite controvertir resoluciones ante el TFJA. Se determina si corresponde vía ordinaria, sumaria o resolución exclusiva de fondo y la modalidad tradicional o en línea, cuando proceda.
Ley Federal de Procedimiento Contencioso AdministrativoMedios de control constitucional con supuestos distintos: se evalúan actos, normas o sentencias, interés, definitividad y requisitos de cada modalidad.
Ley de Amparo · arts. 107 y 170Se revisan los medios previstos por la legislación de la entidad y la competencia del tribunal local. La vía federal no sustituye automáticamente la defensa estatal o municipal.
Tribunal de Justicia Administrativa de JaliscoEn los supuestos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, permite controvertir actos y resoluciones que concluyen un procedimiento, una instancia o un expediente. Su aplicación debe distinguirse de la materia fiscal.
LFPA · arts. 83 y siguientesLa Ley del Seguro Social contempla este recurso frente a actos definitivos del Instituto. Se revisan el acto, la calidad del interesado y la alternativa jurisdiccional pertinente.
Ley del Seguro Social · art. 294Se analiza la vía de inconformidad prevista para controversias sobre inscripción, derecho a créditos, aportaciones y descuentos, conforme a la ley y su reglamento.
Ley del Infonavit · art. 52Mecanismo de solución consensuada durante determinadas facultades de comprobación. Su finalidad y procedencia son distintas de un recurso de impugnación.
CFF · arts. 69-C y siguientesLa procedencia, los plazos, la suspensión y las garantías se analizan individualmente. Un recurso administrativo y un mecanismo consensuado cumplen funciones distintas.
Actividad, residencia, estructura, ingresos, obligaciones y antecedentes del contribuyente.
Comparamos efectos fiscales y financieros; examinamos beneficios y diferimientos legales con sus condiciones.
Documentamos razón de negocios, operaciones, controles y seguimiento para una estrategia sólida.
Los entregables, responsables y condiciones se acuerdan antes de iniciar.
En el primer contacto basta una descripción de su necesidad. El equipo le indicará cómo compartir los documentos.
Analizamos beneficios y alternativas expresamente permitidos para su régimen y operación. El resultado puede ser una optimización, un diferimiento legal o la conclusión de que conviene mantener el esquema actual. No se garantizan ahorros antes del estudio.
Conserve el documento completo, sus anexos y la constancia de notificación. Solicite una revisión pronta para identificar el plazo y la vía de atención; no todas las comunicaciones de la autoridad tienen el mismo efecto.
No. Se comparan aclaraciones, correcciones, soluciones consensuadas e impugnación, según el acto y la etapa. La elección considera procedencia, evidencia, costos, garantías y el objetivo del contribuyente.
Cuéntenos el contexto de su consulta. Le ayudaremos a identificar el área de atención y el siguiente paso.
WhatsApp · +52 33 1865 7609
Oficina · +52 (33) 2301 7410
Corporativo Andares Acueducto
Avenida Acueducto 4851
Piso 5, oficina 3
Zapopan, Jalisco, C.P. 45016
Lunes a viernes · 9:00–19:00
@clrasesores en Instagram ↗